Hoy se llevó a cabo una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que participaron representantes del gobierno mexicano y una representación de las 144 familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala, beneficiarias de la MC 279-22.

Ciudad de México, 27 de agosto de 2024

Por parte del gobierno mexicano participaron: la Secretaria de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas (INPI), la Coordinación para la Atención a los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca (CADH), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Por parte de la representación de los beneficiarios: Horacio Santiago (vocero de las familias desplazadas e integrante de la dirección política del MULTI), Maurilio Santiago del Centro CEDHAPI y tambíen familias desplazadas de Tierra Blanca Copala.

El 1 de noviembre de 2023, después de un largo proceso, las familias desplazadas lograron demostrar ante la CIDH la violación de sus derechos humanos por parte del Estado Mexicano, perpetrada por un grupo caciquil con un brazo paramilitar denominado “MULT”. En respuesta, la CIDH otorgó medidas cautelares a las 144 familias, solicitando al gobierno estatal de Oaxaca y al gobierno federal que facilitaran el retorno de las familias a su territorio ancestral.

Sin embargo, a pesar de estas medidas, el Estado Mexicano ha respondido con simulaciones y maniobras dilatorias, priorizando sus intereses políticos y electorales sobre la justicia social. En la reunión de hoy, quedó demostrado que el gobierno no ha cumplido con las medidas cautelares. Por el contrario, las agresiones armadas contra las familias desplazadas persisten, los paramilitares continúan su campaña de terror, asesinando a los compañeros que alzan la voz y los gobiernos estatal y federal han demostrado una alarmante falta de compromiso y voluntad para facilitar el retorno de las familias. Lo anterior  demuestra un grave incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Además, se ha observado una preocupante interrelación entre el Estado y los paramilitares, evidenciada por la presencia de estos grupos en diversos cargos públicos a pesar de que el estado sabe que son grupos armados generadores de violencia, lo que agrava la situación y cuestiona la imparcialidad y el compromiso de las autoridades para con los derechos de las víctimas.

La Comisión ha determinado que las medidas cautelares siguen sin cumplirse y ha exigido al Estado Mexicano que retome urgentemente el proceso de retorno, elaborando un plan de acción en verdadera consulta con las víctimas y no con los paramilitares. También ha solicitado que se garantice el pleno acceso a la justicia para todas las partes involucradas.

Como movimiento respaldamos firmemente esta exigencia y demandamos a los gobiernos estatal y federal que actúen de inmediato para asegurar el retorno seguro, con justicia y dignidad para las familias desplazadas.

¡Por un retorno seguro, con justicia y dignidad!

Fraternalmente

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente